La Cidob intentó inscribir 1.750 bachilleres sin dar examen pero fueron rechazados. Dirigentes advierten que el beneficio no llega a las comunidades. Estiman que cupos se negocian entre $us 500 y 800. En la universidad aclaran que no intervienen en las listas
La resolución 018/2019 que permite el ingreso directo de bachilleres de pueblos indígenas a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), se encuentra envuelta en denuncias de corrupción de dirigentes indígenas que aseguran que el beneficio no llegó a sus comunidades, y de académicos que advierten que la lista de 1.750 jóvenes, presentada inicialmente por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), fue rechaza porque hubiera saturado sus aulas.
“Hubo gran demanda de las organizaciones indígenas para postular a sus estudiantes. Se hizo una propuesta a la universidad, pero el espacio que tienen es limitado. Tuvimos que remitirnos a ese espacio”, admitió Pedro Vare, presidente de la Cidob.
Sin embargo, Vare niega que haya enviado una lista de más de 1.000 estudiantes. Dijo que la primera no pasó de los 300 postulantes, pero los datos de la universidad cruceña lo contradicen. El vicerrector Oswaldo Ulloa ratifica que tras constatar la amplia cantidad de postulantes aprobada por las comunidades reunió a los decanos y tomó la resolución de pedir un reajuste a la Cidob.
“Las listas (la rechazada y la aprobada) estuvieron firmadas por el máximo dirigente de la Cidob, Pedro Vare; él las entregó de manera notariada”, afirmó.
Este año 6.385 estudiantes ingresaron a la ‘Gabriel’, tras aprobar la primera Prueba de Suficiencia Académica (PSA) a inicios de febrero. La propuesta de los indígenas representa el 27,4% de esa cantidad, es decir, la Cidob intentó hacer ingresar sin dar examen a más de la cuarta parte de los nuevos estudiantes.
Para Bienvenido Zacu Mborobainchi, líder guarayo, quien en 2002 encabezó la marcha por la Asamblea Constituyente, es posible que haya más de 1.000 bachilleres en las 50 organizaciones indígenas esperando por ingresar a la ‘U’, sin embargo, desde las comunidades se escuchan voces que hacen suponer que este beneficio se quedó en la ciudad.
“Es un secreto a voces que en la Cidob se negociaron las becas. Es probable que en las comunidades también estén otros dirigentes involucrados; que haya cómplices”, asegura.
Zaku, quien fue viceministro de tierras en 2006 y diputado por circunscripción indígena entre 2009 y 2014, explica que este beneficio no es nuevo. Surgió de un convenio firmado en 2002 entre dirigentes de la Cidob y la universidad cruceña. Se suspendió en 2014, debido a las pugnas por la presidencia entre Adolfo Chávez y Melva Hurtado, y fue reactivado en 2018, aunque sin reglamento.
“Es bochornoso. Esto puede provocar que el beneficio nuevamente se suspenda”, lamentó.
Para esta gestión, se dispuso que los bachilleres de las comunidades ingresen junto con los estudiantes que aprobaron el PSA III virtual, cuyos resultados se conocieron a inicios de abril.
La secretaria de Educación de la Cidob, María Ynes Justiniano Chivana, dijo que las acusaciones surgen de ‘personas que quieren perjudicarlos’. Indicó que las listas provienen de organizaciones como la Organización Indígena Chiquitana (OICH), la Coordinadora de Pueblos Étnicos del Oriente (Cepes) o la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), entre otras, y que la Cidob se limita a organizarlas y remitirlas a la ‘U’.
“Es cierto que hay muchas denuncias. Es verdad que también viene gente a querer ‘meter’ -estudiantes-, pero yo les digo que no hay espacio. También hay gente que va a la universidad en nombre de la Cidob. Son personas sin representación”, afirmó.
Justiniano reconoce que los apellidos que aparecen en las listas no son los ‘tradicionales’ de los pueblos originarios como cuestiona Zaku. Por ejemplo aparecen apellidos como Quispe, Mamani o Condori, propios de comunidades de tierras altas; otros como Melgar, Gutiérrez o Roca, relacionados con los ‘karai’ (hombre blanco), e incluso se identifica de otros países, tal es el caso de Yun Xiang Gao. Al respecto la secretaria de Educación explica que es difícil que lleguen apellidos ‘puros’ de padre y madre indígena, porque se ha dado un ‘cruce cultural’. “Ya no hay jóvenes con apellidos netamenta indígenas, hay una mescolanza”, dijo.
Añadió que redujeron la lista de estudiantes que presentaron a 250, sin precisar la cantidad anterior, y pidió a los exdirigentes que no perjudiquen a los pueblos indígenas ‘queriendo sacar ventaja’.
‘Tráfico’ de cupos
Una madre cuyo hijo reprobó la PSA de este año, contó que fue gente de la universidad la que le sugirió ponerse en contacto con dirigentes de la Cidob para negociar su incorporación en estas listas. Le pidieron entonces $us 500. Finalmente el joven pagó y logró su ingreso.
Un docente de la ‘U’, que pidió no ser identificado, dijo que tiene conocimiento de que el precio llega hasta $us 800, y que cree que hay ‘gente de la Gabriel’ involucrada en la venta.
Según el vicerrector Ulloa, no existe posibilidad de que haya funcionarios de la universidad involucrados, porque recuerda que las listas provienen de las comunidades afiliadas a la Cidob (ver entrevista).
De la lista de más de 1.000 nombres a la que estuvo acceso EL DEBER se destaca también que en su mayoría los postulantes aspiraron a algún tipo de ingeniería; entre las más requeridas fueron Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería Financiera. Otras carreras con alta demanda fueron Enfermería, Derecho, Bioquímica y Veterinaria.
Las versiones sobre el ‘tráfico’ de cupos de ingreso no son nuevas. En septiembre de 2018 el Congreso Universitario emitió la resolución 008/2018 que “instruye la realización de una auditoría especial” a esta modalidad de ingreso directo de bachilleres indígenas, y dispuso que se elabore un reglamento. Por esto, el presidente del Congreso Universitario de la Uagrm, Rolando López, calificó de ‘ilegal’ la resolución del ICU de marzo de este año, debido a que no cumplió con la solicitud de una auditoría planteada por esta instancia con representatividad de docentes y estudiantes.
“Propusimos que se haga una auditoría en 2018, debido a varios comentarios negativos sobre supuesto negociado de estos espacios”, indicó.
López no cree que haya miembros del ICU involucrados y descarta que existan funcionarios de rangos bajos que hayan participado de la irregularidad. “Si es que hay cómplices al interior de la universidad, deben ser de la parte académica”, dijo.
Otras voces al interior de la ‘Gabriel’ le dan una lectura política; vinculan la ‘venta de cupos’ como un favor a delegados del ICU para que se mantengan al margen de las movilizaciones de diciembre de 2018 en contra de la reelección indefinida, pese a que el Congreso Universitario en diciembre había solicitado sumarse. Desde el ICU adelantaron que la cantidad de nombres presentados por los indígenas también causó preocupación.
Reclamo en comunidades
El Cacique de educación de la organización Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (Cicol), Martín García, contó que en las 26 comunidades afiliadas hubo decepción este año y el año pasado debido a que pese a la selección de ‘los mejores perfiles’ de estudiantes, en su mayoría fueron rechazados.
“El año pasado seleccionamos siete estudiantes y quedaron solamente tres; ahora presentamos cuatro y quedó uno. Queremos que den una explicación porque hemos escuchado de la numerosa cantidad de estudiantes que se presentaron”, se quejó.
El dirigente Zaku adelantó que organizará un congreso de tierras bajas a mediados del próximo mes en el que evaluarán esta situación. A su vez, dijo que la próxima semana pedirán un informe a la universidad.
